La “Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social”, publicada en el BOE el 3 de diciembre de 2013, tiene como objetivo impulsar medidas que promuevan la igualdad de oportunidades reduciendo los obstáculos y dificultades que impiden a las personas con discapacidad disfrutar de todos los servicios disponibles para toda la población.
En el caso que en este blog nos ocupa, la Ley General de la Discapacidad o LGD, intenta favorecer la contratación de trabajadores con discapacidad en las empresas. Esta legislación obliga a las empresas que tengan contratados 50 o más trabajadores contratados, a reservar el 2% de su plantilla a trabajadores con discapacidad superior o igual al 33%, acreditada mediante el correspondiente Certificado de Discapacidad.
Cumplir con la legislación
Como ya tratamos en otro post (ventajas de contratar a una persona con discapacidad) las personas con discapacidad son igualmente válidas para desempeñar las mismas labores que las personas sin discapacidad. Sin embargo, los datos de población activa entre este grupo siguen siendo inferiores.
Hoy en día, contratar a personas con discapacidad es apostar por la igualdad, aumentar la productividad de tu empresa, romper con estereotipos, mejorar el ambiente de trabajo, ser un referente, mejorar tu imagen corporativa y reforzar la Responsabilidad Social Corporativa. Lo que te llevará a ser un referente en tu sector y convertirte en una empresa inclusiva, diferenciándote así de tu competencia.
Incumplimiento y medidas alternativas
Un alto porcentaje de las empresas españolas, cerca del 81%, no cumplen con la Ley General de Discapacidad, en su mayoría, PYME. La principal razón por la que incumplen esta legislación es debido al desconocimiento existente entre los empresarios a la hora de adaptar e integrar a las personas con discapacidad a su puesto de trabajo. Las sanciones que pueden aplicarse a estas empresas por no cumplir la Ley pueden ser leves, graves, o muy graves, oscilando entre los 301 y 6.000 € en las más leves y entre los 600.000 y 1.000.000 € en las más graves.
Además, las infracciones más graves acarrearán a la empresa la prohibición de trabajar con la Administración Pública. En el caso de que, por razones organizativas, productivas, técnicas o económicas, tu empresa no pueda aplicar la cuota del 2%, existen medidas alternativas para cumplir con la ley que te explicamos en este artículo.
Recuerda que en Inserta Empleo estamos para ayudarte a solventar todas las dudas que tengas sobre la contratación de personas con discapacidad y la normativa por la que se regula.
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