Seguro que, en alguna ocasión, has escuchado el término «personas con diversidad funcional» para referirse a las personas con discapacidad. Tal vez otros más ambiguos como «personas con capacidades diferentes» o «personas especiales». Se han puesto de moda, pero son incorrectos. Resultan un eufemismo.
Históricamente, las personas con discapacidad han recibido distintos nombres, muchos de ellos denigrantes o despectivos. Con la reforma del artículo 49 de la Constitución española se consolida la expresión que el propio colectivo se da a sí mismo: personas con discapacidad.
Además, esta expresión está recogida por las Naciones Unidas desde 2006. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se hace explícita en la manera de nombrar.
Esto se tradujo, en el caso de España, en que, desde 2007, las leyes hablan siempre de «personas con discapacidad», incluso las aprobadas antes de esa fecha. Cualquier administración pública, ya sea local, regional o local, que no use esta denominación en su normativa o en sus actos administrativos estaría vulnerando la ley estatal.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es el máximo defensor de que el colectivo sea tratado con un lenguaje digno. Y no se cansa de repetir que la Convención de la ONU «es el marco referencial político, legislativo, jurídico y terminológico de esta realidad a escala mundial, europea y nacional».
Otra institución, la del Defensor del Pueblo, respalda esta expresión como la única legítima. Personas con discapacidad.
¿Es tan importante cómo se refiera uno al colectivo?
Sin duda. Las palabras construyen mundo, y cualquier otra palabra o expresión al margen de «personas con discapacidad» crea confusión, tanto en el ámbito jurídico como en el social, lo que podría traducirse en un retroceso en derechos.
El término «diversidad funcional» fue acuñado en 2005 por Javier Romañach, activista social que presentaba una paraplejia desde los 28 años a causa de un accidente de tráfico. En el manifiesto que publicó planteando el uso de este término como una alternativa sin connotaciones negativas, argumentaba que «las mujeres y hombres con diversidad funcional somos diferentes, desde el punto de vista médico o físico, de la mayor parte de la población. Al tener características diferentes, y dadas las condiciones de entorno generadas por la sociedad, nos vemos obligados a realizar las mismas tareas o funciones de una manera diferente, algunas veces a través de terceras personas».
Pese a las buenas intenciones que motivaron la propuesta terminológica, su uso es incorrecto. Carece del consenso necesario. Son las propias personas con discapacidad las que han elegido llamarse así. Es una cuestión de respeto.
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